Victorias pírricas

22 noviembre, 2018

Cuando ganar es perder.

Mi casa, mi castillo.

Nada hacía pensar que esa casita rosa acabaría siendo un símbolo nacional de la defensa del hogar frente a las grandes corporaciones. Un baluarte de la pequeña propiedad privada frente a la mano larga del gobierno. Sin embargo, una ajustada derrota ante el Tribunal Supremo provocó tal oleada de indignación que acabó provocando un cambio legislativo.

La historia que impulsó este litigio es muy inspiradora. Todo empezó el día en que el ayuntamiento de New London, Connecticut, decidió vaciar el barrio de Fort Trumbull y despejar el camino para la instalación de una gran empresa en el municipio. El consistorio vio en la propuesta de la empresa una oportunidad para revitalizar esa parte de la ciudad.

La verdad es que el vecindario de Fort Trumbull había conocido tiempos mejores. En esos momentos estaba en decadencia y parcialmente abandonado. Sin embargo, seguía siendo el hogar de mucha gente de clase trabajadora.

* La Sra. Kelo y su casita rosa.

Susette Kelo y un puñado de vecinos no se quedaron de brazos cruzados para ver cómo la pinza Gobierno-Gran Empresa expropiaba sus casas de la noche a la mañana. El grupo de irreductibles, representado por abogados idealistas del Instituto de Justicia, luchó contra su desalojo hasta el Tribunal Supremo. Y perdió.

En una de las decisiones más impopulares de su historia, el tribunal dictaminó (5-4) que los ciudadanos pueden ser desposeídos de su propiedad cuando una administración decida que un propietario más rico puede sacar al terreno una mayor utilidad social.

Kelo v. City of New London convirtió un derecho constitucional en papel mojado. El lenguaje de la Quinta Enmienda es claro y señala que para que pueda expropiarse una propiedad debe destinarse a un “uso público” y darse al titular una “compensación justa”. Sin embargo, los gobiernos estatales y locales habían estirado el concepto de interés público para justificar casi cualquier expropiación que redundara en un mayor beneficio para el municipio o el estado. El caso de New London ofrecía una oportunidad perfecta para terminar con este abuso. El Tribunal Supremo solo tenía que declarar que cuando la Constitución dice “uso público”, significa precisamente eso: uso público. Y no un uso privado que pueda redundar en un beneficio público colateral. En cambio, el Tribunal Supremo avaló las expropiaciones en interés privado-público. Y los estadounidenses se enfadaron, claro.

A partir de ahí la historia se pone divertida. El caso incendió durante semanas el debate nacional en todos los medios. Hubo muestras de solidaridad y protestas en la calle. Susette Kelo fue ascendida al nivel de Juana de Arco y los ciudadanos más airados impulsaron una recogida de firmas para pedir la expropiación de las casas de los jueces autores de la sentencia. A esos vecinos se les ocurrieron cientos de buenas ideas para sacar un mejor provecho a las propiedades de los cinco jueces que respaldaron la sentencia.

Esta ola de indignación obligó a los políticos a reaccionar. La mayoría de Estados promulgaron leyes para restringir las expropiaciones solo para los supuestos en que afecten al uso público en sentido estricto. No podían anular las expropiaciones pasadas, pero impedían las del futuro.

De esta forma, Susette Kelo y sus vecinos perdieron la batalla judicial pero su causa ganó la opinión pública y la guerra.

De hecho, el año pasado se estrenó una película basada en esta contienda judicial. ¿Adivináis su título?:

Pirro en los tribunales.

El caso Kelo demuestra que en los tribunales también puede haber “victorias pírricas”.

Pirro fue rey de Epiro (Grecia) y uno de los grandes rivales de Roma en la época de la República. Está considerado como uno de los mejores generales de la antigüedad.

Este rey logró una victoria sobre los romanos con el coste de miles de sus hombres. Esta batalla dejó a su ejército tan debilitado que le impidió seguir adelante con la guerra. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la contienda, dijo: “Otra victoria como esta y volveré solo a casa”.

La expresión «victoria pírrica» se ha convertido con el paso del tiempo en sinónimo de éxito logrado a un coste tan alto que una victoria táctica acaba siendo desfavorable.

La paradoja es que, desde la óptica romana, la derrota acaba siendo beneficiosa.

Victoria hipotecada.

Cuento todo esto a propósito del reciente debate sobre la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. La sentencia todavía no ha sido publicada y, sin embargo, ya ha provocado ríos de tinta.

He tenido la suerte de vivir de cerca este debate sobre las hipotecas. Conversaciones con periodistas, quinielas, análisis de urgencia. En un primer artículo en Expansión [1] celebraba la decisión de la Sala Tercera por la cual cambiaba su doctrina histórica en materia de AJD. Pocos días después en otra columna [2] en el mismo periódico me llevaba las manos a la cabeza al conocer que el Pleno había decidido por 15 votos a 13 que es el cliente quien debe pagar el impuesto. Esos días fueron una locura.

La banca no tuvo tiempo de descorchar el cava. A las pocas horas de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, el gobierno les aguó la fiesta al anunciar un cambio normativo para que fueran las entidades quienes pagaran el AJD. La oportunidad política entraba en escena para capitalizar el legítimo malestar ciudadano. La banca ganaba la batalla judicial, pero con un alto desgaste reputacional para el sector y la judicatura. Y un aumento en sus costes futuros que, de momento, alguna entidad ya ha dicho que no piensa repercutir a los clientes.

La decisión del Tribunal Supremo ha sido ya examinada desde el punto de vista jurídico-tributario, político y de estabilidad institucional. Sin embargo, no se ha analizado demasiado desde el punto de vista de la estrategia de tribunales. Y este tema es un caramelo para este blog.

El paralelismo con el caso Kelo es evidente. Lo explicaba muy bien una noticia de El Confidencial:

Será el Gobierno de Pedro Sánchez el que pase a la historia por modificar la legislación hipotecaria, pero es el municipio de Rivas el auténtico héroe del cuento, el que gracias a su perspicacia hará morder el polvo a la banca. Los argumentos y recursos del equipo jurídico del municipio han hecho que el Tribunal Supremo se viera obligado a pronunciarse por dos veces de manera errática y han elevado este asunto al primer plano social.

Un artículo de La Vanguardia del jueves 8 de noviembre recogía una anécdota curiosa. El periodista transcribía una hipotética conversación entre dos magistrados mientras abandonaban el edificio del Tribunal Supremo: “Hemos perdido la votación, pero el gobierno va a cambiar la ley. Bien mirado, hemos ganado. ¿No?”.

Ese “bien mirado” es la óptica romana de la batalla pírrica. Los abogados no debemos olvidar que, en algunas polémicas, el último árbitro no es el Tribunal Supremo, sino la sociedad. Por eso, a veces, las causas vencedoras se levantan sobre derrotas judiciales. La demolición de una pequeña casita rosa puede provocar la construcción de un santuario.

 

[1] El Tribunal Supremo y la tectónica de placas. 19.10.2018

[2] La hipoteca de Romanones. Expansión 8.11.2018